Las reivindicaciones elaboradas por el Comité Organizador son las siguientes:

1.- Es imprescindible una legislación básica de caza que regule los aspectos fundamentales de la actividad cinegética, ajustada a lo dispuesto en la legislación de la Unión Europea y en los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por España.

2.- Exigimos que los cazadores estén representados en todos los organismos autonómicos, nacionales e internacionales, con competencias en materia de caza.

3.- Creación e inmediata puesta en funcionamiento de un Consejo Nacional de la Caza, en el que estén representados los sectores relacionados con la actividad cinegética y que deberá ser oído a la hora de publicar cualquier norma o disposición legal relacionada con la caza.

4.- Es necesario abrir un proceso de revisión de la Red Natura 2000 en España.- Uno de los principios básicos contenidos en las directivas en las que esta Red se enmarca (Directiva Aves y Directiva Habitats) es la participación de los interesados. Red Natura en España se ha hecho de espaldas a propietarios, agricultores y ganaderos, principales afectados por tal catalogación; hasta el punto que a día de hoy muchos de ellos desconocen si sus parcelas integran o no esta red ecológica. Esta vulneración del principio de participación exige una revisión de la Red con plenas garantías jurídicas para los principales interesados y afectados. La Red ha sido diseñada con participación casi exclusiva de ONG ecologistas.

También en relación con la Red Natura, solicitamos la incorporación del principio de voluntariedad en los planes de uso y gestión de Red Natura contemplados en la Ley del Patrimonio Natural o en las leyes que la sustituyan. La conservación tiene un coste y ese coste debe asumirlo la sociedad en su conjunto y no a título individual aquellos propietarios de fincas, agricultores y ganaderos que durante décadas mejor hicieron las cosas. Esto sólo es posible incluyendo como principio básico la voluntariedad de cualquier plan de uso o programa que pretenda desarrollarse sobre superficies de titularidad privada.

Además, la Ley del Patrimonio Natural aboca a la mayor de las marginalidades e implícitamente obliga a que agricultores y ganaderos retrocedan a la primera mitad del siglo XX. El concepto de sostenibilidad brilla por su ausencia y la tecnología es considerada como el mayor de los demonios. Ningún sector económico puede renunciar al empleo de las tecnologías disponibles, el agrario tampoco. Resulta imperativo que la Ley contemple el empleo de tecnologías sostenibles para el sector agrario en aquellas superficies agrarias incluidas en Red Natura. En concreto, tecnologías de riego, de sanidad vegetal, nutrición de las plantas, etc.

5.- Las administraciones competentes tienen que unificar la figura del guarda de caza, otorgándole mayores facultades para el control de las infracciones y en concreto en la lucha por el furtivismo.

6.- Es fundamental para una adecuada gestión de nuestro territorio una mayor flexibilidad en la regulación de los métodos de control predadores, homologando procedimientos selectivos y no masivos.

7.- Las repoblaciones con especies criadas en cautividad son compatibles con la conservación de los terrenos, siempre que cumplan los requisitos sanitarios y de calidad genética establecidos para su cría y comercialización.

8.- Suprimir la prohibición de la caza en aquellos espacios protegidos, donde tradicionalmente se ha demostrado su utilidad. La caza no tiene porqué ser a priori incompatible con la conservación de los espacios protegidos.

9.- Equiparar las actividades cinegéticas con las que realizan otros colectivos minoritarios, a los que se ha favorecido discriminando a esta, a la hora de conceder ayudas y subvenciones.

10.- La prohibición de utilizar munición con plomo solo ha de aplicarse a determinadas zonas donde se pueda acreditar que ocasiona daños medioambientales, solicitando una moratoria en su aplicación hasta que exista una munición alternativa que sea viable desde un punto de vista ecológico, técnico y económico.

11.- Exigimos que se modifiquen las restricciones impuestas a la tenencia, trasporte y adiestramiento de los perros de caza, y en especial los perros de rehala, sin que en ningún caso puedan ser considerados como animales de producción.

12.- Elaboración de un nuevo Reglamento de Armas, con intervención de los sectores afectados, en el que se simplifiquen los requisitos para la tenencia y uso de armas de caza y tiro deportivo.

13.- Exigimos un mayor respeto y promoción de ciertas modalidades tradicionales de caza, que forman parte de nuestra cultura y que como el silvestrismo, el parany, la perdiz con reclamo, la cetrería, la caza con arco o la contrapasa son perfectamente compatibles con la conservación de la naturaleza.

14.- Es necesario que las distintas administraciones inviertan mas medios en la búsqueda de soluciones para erradicar una serie de enfermedades que afectan a las especies cinegéticas, como la mixomatosis o enfermedad hemorrágico vírica de los conejos, la tularemia en las liebres, la sarna en distintas especies de caza mayor etc..

15.- Una regulación clara y concisa sobre la responsabilidad de los titulares de cotos por daños a la agricultura y atropellos de animales, creando líneas de subvenciones que ayuden a paliar el problema.

16.- La caza ha de gestionarse por órganos independientes y conocedores de la actividad, a la vez que solicitamos que los ingresos que genera la caza reviertan en ella.

17.- Exigimos que se modifique la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en especial en aquellos aspectos que afectan negativamente a la caza, a la propiedad de las fincas, a la agricultura, a la ganadería y a todas las actividades que se desarrollan en el medio rural.

18.- Agilizar la concesión de autorizaciones para el control de poblaciones de especies que puedan resultar perjudiciales para el resto de la fauna cinegética y protegida, entre ellos el Cormorán, la tórtola turca, el meloncillo etc…

19.-Dada la riqueza cinegética de España y su peso en el empleo y en la economía de nuestro país, es fundamental que nuestros poderes públicos promuevan y apoyen la actividad cinegética.

20.- Teniendo en cuenta la disparidad actualmente existente, y que provoca una grave inseguridad jurídica, es necesario que el régimen de infracciones y sanciones sea igual, coherente y racional en toda España.

21.- Es fundamental que las distintas Comunidades Autónomas se esfuercen en encontrar un sistema que permita una licencia única de caza, terrenos donde se pueda ejercer la actividad cinegética para los más desfavorecidos, etc…